El artículo 13 de la ley 19/2013,  de Transparencia,  Acceso  a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), establece que “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las Administraciones Públicas y del resto de los sujetos obligados por la legislación de transparencia, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

Todas las personas (físicas y jurídicas) tienen derecho a acceder a la información pública veraz en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y su legislación de desarrollo, y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.

Sí, pero dicho derecho tiene una serie de límites. Así, el artículo 14  de la ley 19/2013,  de  Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para:

a. La seguridad nacional.

b. La defensa.

c. Las relaciones exteriores.

d. La seguridad pública.

e. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h. Los intereses económicos y comerciales.

i. La política económica y monetaria.

j. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l. La protección del medio ambiente.

Estos límites tienen como objetivo proteger la información que no debe ser pública porque podría afectar a otros intereses legítimos privados o públicos.

El órgano o unidad al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede perjudicar a alguno de los límites deberá valorar, de forma ponderada y proporcionada, si se produce un daño al suministrar esa información.

lgualmente, se concederá, en su caso, audiencia a aquellos ciudadanos cuyos derechos o interés legítimos pudieran verse afectados por la solicitud de acceso a la información presentada.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

No, pues para ese tipo de información existen otros canales y servicios disponibles .

Para solicitar información general de la ciudad y, sobre sus servicios, trámites y gestiones que se realizan en el Ayuntamiento debe hacerlo a través de la Información disponible en la Web municipal y en las Unidades Administrativas municipales.

Si lo que desea es conocer el estado de tramitación de un expediente administrativo en el que usted tenga la condición de interesado o representante, puede hacerlo contactando directamente con la unidad administrativa tramitadora del procedimiento.

Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y,  en algunos casos, por escrito del afectado. En otro caso, salvo que se trate de datos meramente  identificativos  relacionados  con  la  organización,  funcionamiento  o actividad pública del órgano, deberá efectuarse la ponderación a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley  19/2013,  de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El artículo 15 de la Ley contiene una serie de reglas: 

Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias), el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (datos de carácter personal referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual), o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de ley.

Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal,  tomando en consideración para la citada ponderación unos criterios previstos en  la norma.

Presentando la solicitud por escrito, señalando la información a la que quiere tener acceso y la forma en que se desea recibirla (correo electrónico, correo postal o presencialmente):

1. Preferentemente por vía electrónica a través de la Oficina Virtual Municipal. El tipo de autenticación es a través de certificado digital.

2. De forma presencial:

En el Registro General del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Calle Constitución número 1, en horario de atención al público, de Lunes a Viernes).

En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos lnsulares, a los Ayuntamientos a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, o a la del resto de entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

3. Por correo postal.

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

Si, la solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a.  Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación  general.

b.  Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c.  Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d.  Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e.  Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del órgano al que se dirige, éste  la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

En aquellos casos o materias para los que exista un régimen jurídico específico de acceso (apartados 2 y 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía). Por ejemplo, en el caso de las solicitudes de acceso a información pública medioambiental, en los que se aplicaría la  Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por la que se regulan los derechos de acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente.

Cuando se quiera acceder a un contenido o documento de un procedimiento administrativo en el que el solicitante tenga la condición de interesado. En tales casos, y de acuerdo con lo que establece el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,  y apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, no se aplicará el procedimiento que contempla esta ley, sino la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo.

Para consultas jurídicas o solicitar interpretaciones sobre la aplicación de normativa municipal. Este tipo de peticiones generarían una información pública nueva y, por tanto, no existente a la fecha de la solicitud.

En solicitudes de información sobre gestiones o trámites municipales, instalaciones, dependencias y servicios que presta el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, horarios, etc. Esta información puede obtenerla a través de los distintos cauces, canales y herramientas de atención al ciudadano que el Ayuntamiento pone a  disposición.

Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que  puedan  realizar  las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Este plazo puede verse suspendido en una serie de casos:

Si no se identifica correctamente la información solicitada, se requerirá al solicitante para que concrete la petición. Para ello se otorgará un plazo de diez días, durante el cual queda en suspenso el plazo para resolver. Si el interesado no contesta, se entenderá que desiste en su pretensión.

Cuando de la petición de información puedan verse afectados derechos e intereses legítimos de terceros, habrá que darles audiencia para que presenten las alegaciones que estimen oportunas. En este caso, el plazo para presentar alegaciones es de quince días. Se suspende el plazo para resolver hasta que el posible afectado alegue o hasta que transcurran los quince días, lo que antes suceda.

Si no recibe contestación se deberá entender denegada la solicitud.

La ley establece un sentido negativo al silencio administrativo en el procedimiento de acceso  a la información pública.

Se denegará cuando, no siendo posible el acceso parcial, la concesión del acceso pueda afectar a alguno de los límites enumerados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a los que hacemos referencia en los apartados anteriores.

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando  haya transcurrido el plazo del artículo 22.2 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24 de la ley de transparencia, en el plazo de un mes, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta reclamación sustituye a los recursos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.